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Sábado, 10 Mayo 2014 00:00

Fiscal superior renunció por medidas contra sindicalistas de la construcción

 
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A raíz de las acusaciones que emitió el Ministerio Público contra miembros de UBT imputados por el delito de extorsión y asociación para delinquir, la fiscal superior auxiliar en el estado Bolívar, Milangel Arellan, puso su cargo a la orden por supuestas violaciones durante las actuaciones judiciales.

A raíz de las acusaciones que emitió el Ministerio Público contra cinco miembros del sindicato de la construcción Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), imputados por el delito de extorsión y asociación para delinquir, la fiscal superior auxiliar en el estado Bolívar, Milangel Arellan, puso su cargo a la orden por supuestas violaciones durante las actuaciones judiciales.

La información la dio a conocer el presidente de la UBT, Héctor Dali, también concejal del PSUV, durante una rueda de prensa, en la que también estuvo presente Arellan, quien sin dar mayores detalles confirmó su salida del órgano público.

Luis Manuel Marín, de 44 años; Ramón Antonio Amundaray Bravo, de 34 años; Katty del Valle Alayon, de 40; Ernesto Morffi, de 41; y Norton Rodríguez, de 43 años, fueron arrestados el 25 de abril por funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), durante una supuesta entrega controlada de dinero.

Presión a los tribunales

Tres días después del arresto, la fiscal N° 15 de Ciudad Guayana, Andreína Martínez y la fiscal nacional N° 69, Melvida Borza, solicitaron la privativa de libertad de los cinco detenidos, petición que fue aceptada por el Tribunal N° 5 de Control, a cargo de la jueza de control Everlin Campos, quien ordenó una orden de traslado a la cárcel de Monagas (La Pica).

Tras la decisión, sindicalistas tomaron la sede del Palacio de Justicia como medida de protesta y fue la noche de este miércoles 7 de mayo cuando recibieron una media de libertad bajo régimen de presentación cada 15 días, luego de que el caso pasó a manos de la Fiscalía N° 3, a cargo de Fátima Urdaneta, quien solicitó una revisión de medida ante el tribunal.

Acompañado por los dirigentes de los diferentes sindicatos de la construcción, al igual que de las cinco personas procesadas, Dali explicó que Arellan “renunció en medio de nuestra protesta. Su decisión fue tomada, porque la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, en la que participaba el MP, la venía haciendo ella (Arellan) con Katty Alayon y representantes de los consejos comunales de Vista al Sol, eran ellos los enlaces con la fiscal superior para promover la paz y el desarme. Y cuando nuestros compañeros fueron privados de libertad la fiscal no tuvo acceso a ningún tipo de respuestas ni acceso a los expedientes; viendo el ensañamiento, puso su cargo a la orden el mismo día que los privaron. El Fiscal Superior (estado Bolívar), Israel Pérez, no nos quiso escuchar, él no tiene credibilidad para hablar por la paz y la vida, para tener paz debemos tener justicia”, indicó Dali en presencia de la fiscal.

Intervención de los poderes públicos

El dirigente agradeció a la fiscal superior, Luisa Ortega Díaz, al presidente Nicolás Maduro y a otras figuras políticas del estado por atender sus llamados “sobre la revisión del informe donde está reflejado todo el procedimiento de nuestros cinco compañeros. Tras la revisión objetiva de estos documentos, hemos ido logrando los resultados que esperábamos”.

Dali mencionó que “la fiscal Martínez jugó totalmente parcializada con los funcionarios del GAES, fueron acusaciones garrafales, desde Caracas estudiaron el caso, demostramos que estas cinco personas son humildes, chequearon sus cuentas, las mismas que mandaron a ser congeladas. Todos los elementos presentados por la Fiscalía se cayeron, pero ahora vienen a presentarse las actuaciones del mal procedimiento, de los hechos de tortura contra estas personas, los responsables que quisieron destruir a estas cinco familias tendrán que responder, hicieron todo, porque están de la mano con un grupo de empresarios de esta ciudad”, expresó.

El representante de UBT aseguró que están recogiendo 50 mil firmas para que se tomen medidas “drásticas desde la Asamblea Nacional. Esperamos que en este municipio haya cambios en algunos poderes públicos; el tribunal a cargo del caso también tiene su grado de responsabilidad, porque debió evaluar las actos, mientras que la Fiscalía emitió una acusación ciega y el GAES tuvo un procedimiento viciado. Ellos amenazaron, pero no tenemos miedo: vamos de frente”, apuntó Dali.

En rueda de prensa, Katty del Valle, aseguró que durante su arresto sufrió “amenazas y agresiones tanto físicas como psicológicas. En esos días tuve mi proceso menstrual y me dejaron tres días sin bañarme, recibimos amenazas del comandante del GAES. Amedrentaban diciendo que sabían dónde vivimos y quiénes eran nuestros parientes, pero yo les digo, no tenemos miedo y vamos a seguir luchando. Lo que hicieron no fue lo que nos dejó el presidente Chávez, esa no era la GNB que describía él. Exijo que se haga justicia y que todos ellos sean destituidos, que la fiscal sea imputada tal como lo hizo conmigo y a mis cuatro compañeros, le digo a Israel Pérez: ese puesto le queda grande, son una asociación de cuello blanco para delinquir”, expresó Alayon.

“Guarimba judicial”

El abogado José Gregorio Beria, manifestó no tener “ninguna duda de que en Bolívar está montada una guarimba judicial (…). Con funcionarios como Israel Pérez, como el comando del GAES, como las fiscales que imputaron a estas cinco personas, no tengo ninguna duda de lo que ha venido denunciando Maduro: aquí está en marcha un golpe de Estado, pero dentro del propio proceso revolucionario; están jugando a la anarquía en el estado Bolívar de la mano con empresarios”.

Acotó que “existe un plan de esas guarimbas judiciales para desmantelar la organización sindical. Nosotros queremos que el MP muestre las imputaciones de los funcionarios de los organismos policiales que han sido denunciados por extorsiones y tortura, yo reto a Israel a que me diga ¿cuántos procedimientos abiertos hay contra funcionarios por violación a los derechos humanos? ¿Por qué han sobreseído las causas de los comerciantes especuladores? eso quiero saberlo, ¿Qué tipo de MP tenemos? ¿Es un MP o una banda privada?”.

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