SUCESOS

SUCESOS

El equipo jurídico de Codehciu denuncia que el juez 1° de Control del estado Bolívar, Carlos Oronoz, otorgó al oficial Christian Santamaría una medida sustitutiva de privativa de libertad violando lo estipulado en el artículo 491 del COPP y también las exigencias del Ministerio Público en el caso de la desaparición forzada del adolescente Nelson Carpio, en San Félix.

Ni 10 días transcurrieron desde que los habitantes del muncipio Roscio, estado Bolívar, denunciaran el ingreso del Ejército de Liberación Nacional a las minas Cicapra, El Caolín, Campanero y El Cuadro, cuando sale a relucir información sobre otra supuesta matanza en Guasipati. En ninguno de los dos hechos ha habido pronunciamiento oficial. Nicolás Maduro, que estuvo en San Félix el miércoles 16 de mayo, ni admitió ni desmintió que esas zonas estuviesen tomadas por el grupo guerrillero. Son, en cambio, familiares y testigos de este nuevo hecho quienes alzan su voz por encima de las pretensiones oficiales de acallarlos, tal y como sucedió con la Masacre de Tumeremo.

Desde el martes, un grupo protesta en Guasipati (municipio Roscio) para visibilizar los asesinatos de 20 personas. Apuntan, además, que hay una organización responsable: el Ejército de Liberación Nacional.

La intervención de la Policía del estado Bolívar (PEB) impidió que los vecinos rociaran en gasolina a Franklin Mata y lo quemaran; posteriormente recibió primeros auxilios en el IVSS Los Olivos y luego llevado a los calabozos de la comisaría del mismo sector.

De los 57 homicidios ocurridos durante el tercer mes del año en el municipio Caroní, 29 ocurrieron a manos de funcionarios estatales. Ello implica, además, un incremento de 190 % de estos casos con respecto al mismo mes de 2017.

El cuerpo del secretario de empleados y técnicos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), Tomás Molina, fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca en el sector Prado del Este, parroquia José Antonio Páez de Ciudad Bolívar.

Al oficial de la Policía Municipal de Caroní Osman Castillo le habían advertido que debía mudarse del barrio Francisco de Miranda, en San Félix. Sin rencillas personales en su historial profesional, grupos armados del sector habían dejado claro que no querían funcionarios activos en la zona. El día que decidió mudarse, lo asesinaron.

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