Lunes, 18 Septiembre 2017 00:00

La dictadura reincide en violación de DD HH al dejar morir por negligencia a concejal García

 
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Se trata del segundo preso político que muere estando preso en el Sebin Se trata del segundo preso político que muere estando preso en el Sebin Foto Archivo

El edil Carlos Andrés García murió a causa de un ACV estando recluido en la sede del Sebin, donde permanecía detenido por razones políticas desde diciembre de 2016. El pasado jueves recibió el beneficio de casa por cárcel por su condición médica. Sin embargo, según los diputados Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal, la orden no fue ejecutada de inmediato, lo que habría incidido en las complicaciones de su salud.

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El partido Primero Justicia confirmó la muerte del concejal del municipio Páez del distrito del Alto Apure, Carlos Andrés García, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en prisión por razones políticas desde el 17 de diciembre de 2016, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

García falleció poco después de las 6:00 de la tarde en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde fue trasladado el fin de semana. El jueves recibió el beneficio de casa por cárcel por su condición médica. Sin embargo, según los diputados Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal, la orden no fue ejecutada de inmediato, lo que habría incidido en las complicaciones de su salud.

De acuerdo con lo denunciado por Primero Justicia, el edil fue apresado ilegalmente por el Sebin, quien le habría sembrado una suma de dinero en efectivo. La aprehensión coincidió con los disturbios que se dieron por la medida abrupta del régimen de Nicolás Maduro, al sacar de circulación los billetes de 100 bolívares, medida que luego reculó.

El Ministerio Público lo acusó de los delitos de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto. Estando detenido sufrió el ACV sin recibir la debida e inmediata atención médica.

“Solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”, informaron a través de la cuenta en twitter de la organización aurinegra.

Según el concejal Edinson Ferrer, ya en diciembre de 2016, cuando fue detenido, el edil había sufrido una descompensación y descontrol de la tensión

García sería el segundo preso político de la dictadura de Nicolás Maduro que muere en su sitio de reclusión. El primero fue Rodolfo González, de 64 años, conocido como el aviador, quien fue hallado sin vida en su celda en el Sebin del Helicoide, en marzo de 2015. Su detención fue en abril de 2014, siendo acusado por un patriota cooperante de liderar las manifestaciones de ese año.

Violación de DD HH 

Primero Justicia responsabiliza al régimen de Maduro por la muerte de González, recordando que este hecho se suma a la larga lista de violaciones de derechos humanos por las que deberá responder.

Es de recordar que durante su reclusión en la cárcel de El Dorado, cuatro estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) resultaron contagiados de paludismo sin recibir atención médica. En la madrugada del jueves fueron trasladados a una cárcel en Tocuyito, cuya ubicación facilitaría las visitas a familiares, así como conseguir los medicamentos que escasean en el estado Bolívar.

Por su parte, la ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, calificó el suceso como “otra violación de los derechos humanos” por parte de la dictadura, al mismo tiempo que recordó que García contaba con una medida cautelar de libertad no ejecutada.

 
 

Carlos Delgado, concejal de San Cristóbal, denunció que no realizarán la autopsia al fallecido concejal de Guasdualito (Apure), Carlos Andrés García, para “no demostrar la violación a los derechos humanos”.

“El concejal Carlos García es un muerto de la dictadura, un muerto de Maduro”, fustigó el edil de la capital tachirense.

Las reacciones sobre la muerte del concejal por negligencia del Estado venezolano cundieron la opinión pública nacional este lunes, horas después de conocerse el hecho. Durante este tiempo trascendió que García era paciente seropositivo, lo cual no ha sido confirmado por ninguno de sus allegados. Sin embargo, el TSJ publicó un comunicado en el que afirma que el dirigente político se les practicaron exámenes médicos que arrojaron “un resultado patológico de presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente”; mismo comunicado en el que pide a la dirigencia política del país “abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas y con el único objetivo de causar alarma en la población”.

Debe recordarse que tanto la legislación nacional como la internacional consagran el respeto a los derechos humanos de los reos. Desde la Constitución nacional, que establece en su artículo 83 que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, hasta las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes recuerdan que, si bien la salud es una garantía fundamental del Estado hacia los individuos, cuando se trata de un reo lo es más todavía, por lo que en este caso se evidencia cómo las represalias de la dictadura contra sus presos políticos se traducen, bien con conocimiento de causa o por negligencia, en una violación de DD HH.

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