Domingo, 01 Abril 2018 00:00

Estado venezolano adeuda reubicación de 300 casas en riesgo de inundación en Puerto Ordaz

 
Valora este artículo
(0 votos)
Luego de las inundaciones de 2017, el Estado solo pintó algunos murales y entregó puertas, ventanas y pinturas a algunas familias. Persiste la deuda con la reubicación de las familias en riesgo Luego de las inundaciones de 2017, el Estado solo pintó algunos murales y entregó puertas, ventanas y pinturas a algunas familias. Persiste la deuda con la reubicación de las familias en riesgo Fotos William Urdaneta

Hace 23 años, la Alcaldía planteó el Plan Especial Castillito como la alternativa para reorganizar las barriadas que crecieron sin orden a orillas del embalse de la represa Macagua, en el río Caroní, y que todos los años son susceptibles a inundaciones por la crecida del caudal. La más fuerte en 41 años fue el año pasado, y afectó a poco más de 2 mil personas. Con este trabajo de Oriana Faoro, producido en alianza con Lincoln Institute of Land Policy y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), inauguramos esta serie sobre el descalabro de la planificación de lo que alguna vez se proyectó como la ciudad más planificada de Venezuela.

@OrianaFaoro
 

  barra 13aNaranja220

MÁS INFORMACIÓN

Prevén más lluvias y riesgo de inundaciones en comunidades cercanas al Caroní

barra 4naranja220

Más de 2 mil personas afectadas por inundaciones tras crecida del Caroní

barra 4naranja220

Políticos de Guayana usaron inundaciones para proyectarse sin haber alertado crecida del Caroní

 

Los habitantes de la franja de Castillito descansan tranquilos… por los momentos. El miedo a nuevas inundaciones en la próxima temporada de lluvia es cada vez mayor, pues entre julio y agosto de 2017 padecieron las consecuencias de la crecida más alta del río Caroní en 41 años. Más de 2 mil personas y 300 viviendas ubicadas en la zona de riesgo, cerca del caudal, resultaron afectadas. Muchos de esas familias lo perdieron todo.

La familia de Mayra López es la única que permanece en el refugio del barrio El Cerrito, desde el 25 de julio de 2017. “Esto yo no se lo deseo a nadie. Todos los años se nos inundaba la casa, pero el año pasado fue peor… A las 4:00 de la madrugada nos tocó correr, mientras el río se nos llevaba todo: ropa, colchones y las herramientas de mi marido”, quien trabaja como mecánico.

Las demás familias han regresado a sus viviendas, ubicadas entre las cotas 13 y 10 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m), por la falta de respuesta del Estado, que en 2017 recicló la promesa de reubicarlas en viviendas de interés social. Todos perseveran en sus inmuebles, sin posibilidades de mudarse a zonas seguras: ninguno confía en que las autoridades desempolven el Plan Especial Castillito, proyecto urbanístico que data de los años 90 como la alternativa para modernizar la ribera del río Caroní, uno de los ríos más importantes de Venezuela, país caribeño localizado al norte de Sudamérica.

La franja de Castillito es una zona de comunidades informales compuesta por los barrios El Cerrito, Los Monos y Puerto Libre. Los inmuebles afectados son los que se construyeron como invasiones en el área de seguridad del embalse de la represa Macagua II, mucho antes de que la hidroeléctrica fuera inaugurada, en 1997.

Lagunas, monte y varias viviendas manchadas de moho son los vestigios de las crecidas anuales. Para atender las de 2017, el gobierno regional pintó algunos murales con la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y cubrió los daños con figuras del presidente Nicolás Maduro y el expresidente Hugo Chávez en algunas vías principales de barriadas como El Cerrito. No cumplieron con construir un lote de casas para reubicar a los afectados a zonas seguras.

Mayra López vive en la antigua escuela El Cerrito, con su esposo y sus tres hijos, de 9, 14 y 15 años. Un salón de clases se convirtió en su dormitorio y sala-comedor. Todos duermen juntos en el suelo, y viven de los trabajos eventuales que tiene el padre de la familia, como mecánico.

Un informe de Protección Civil Caroní certifica que su vivienda está localizada en la cota 11,16 m.s.n.m. y fue la primera en inundarse durante la crecida del Caroní el año pasado. El documento recomienda a la Alcaldía de Caroní, la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda y Hábitat la reubicación de la familia. A siete meses de lo sucedido, ninguna autoridad ha respondido.

Delia de Pérez tiene 49 años viviendo en El Cerrito. La casa de su hija, construida informalmente al lado de la suya, también se anegó en 2017. El Estado solo respondió con algunas pinturas y un par de ventanas, pese a que a ellos también les tocaba ser reubicados a una zona segura.

“El Plan Especial Castillito sucedió hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo… aquí siempre ha habido ranchos. El gobierno siempre promete de todo, más en campaña (electoral), pero nunca hacen nada por el barrio”, lamentó Pérez, quien explicó que la zona se ha hecho cada vez más inhóspita: hace un año que deben caminar casi un kilómetro hasta la entrada para poder tomar un bus de transporte público, el servicio eléctrico es intermitente, al igual que el de agua potable, y no cuentan con el servicio de aseo urbano.

Los habitantes de estas barriadas sufren, año tras año, las consecuencias de vivir en un sector informal ubicado, paradójicamente, en el borde de la urbe mejor planificada de Venezuela: Ciudad Guayana.

El ejemplo urbanístico de Guayana

  familiademayralopezMayra López, su esposo, y sus hijos, de 9, 14 y 15 años, viven en un salón de clases desde hace ocho meses

Cuartodemayralopez La familia duerme junta en el suelo. Dividieron el cuarto de la sala-comedor con bolsas plásticas y telas que sirven de cortinas

 

Ciudad Guayana es una de las ciudades más grandes del suroriente de Venezuela, “uno de los esfuerzos de planificación y gestión urbana más significativos del país y de Latinoamérica, ejemplo de la relación entre el desarrollo y la vida urbana”, según expone el Plan de Ordenación Urbanística (POU) de 1995. Es considerada la segunda urbe mejor planificada de América Latina, diseñada en los años 50 por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y de la Universidad de Harvard (EE UU) y los urbanistas más renombrados de Venezuela.

La riqueza del subsuelo guayanés hizo necesaria la construcción de una ciudad al sur del río Orinoco, para el desarrollo de la industria pesada del mineral de hierro y del aluminio, así como de la generación hidroeléctrica. En 1961 se fundó Ciudad Guayana: la unión de dos localidades, Puerto Ordaz y San Félix, divididas por el río Caroní, caudal donde se desarrolló el complejo hidroeléctrico del estado Bolívar. La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) fue clave en la determinación y ejecución de todas las políticas que convirtieron a Guayana en la “Pittsburgh del trópico”.

Las riberas del Caroní acogieron a las primeras comunidades informales que constituyeron Puerto Ordaz y San Félix, incluso antes de su planificación y posterior construcción como urbe. Castillito data de los años 40, 20 años antes que se fundara Ciudad Guayana, como el hogar de quienes migraban al nuevo polo del desarrollo venezolano.

Desde la colina más alta de El Cerrito se observa Alta Vista, la zona urbana y comercial más importante de Puerto Ordaz. Las diferencias son inmensas: las cuadrículas de Alta Vista se diferencian enormemente de las calles angostas y de curvas sinuosas que conforman casi todos los barrios de Castillito, a menudo aquejados por el colapso del sistema de aguas negras.

Sobre el Plan Especial Castillito

Entre 1992 y 1995 se estudia y escribe el Plan de Ordenación Urbanística de Ciudad Guayana, coordinado por tres instituciones: la Alcaldía de Caroní, la CVG y el Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur). El POU buscaba recuperar la futura planificación de la urbe, que ya en los años 90 se presentaba como una gran incertidumbre para los gobernantes. 

Estas directrices siguieron lo ya planteado en los años 80 para Castillito y para todas las zonas que se verían afectadas por los embalses de las represas hidroeléctricas Macagua y Caruachi. Para ello se creó el Plan Maestro Sistema de Áreas Verdes con Potencial Turístico (Savepor), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que se desprendería el proyecto secundario Plan Especial de Castillito.

 

maquetaplanespecialcastillitoAsí luce la maqueta diseñada en el proyecto urbanístico Plan Especial Castillito | Foto cortesía Plaurbe

mapafranjadecastillitoCastillito nació mucho antes de la fundación de Ciudad Guayana, a orillas del río Caroní | Foto captura Google Earth

 inundacion2017Las inundaciones de 2017 fueron las más fuertes desde 1976, según el archivo de Protección Civil Caroní | Foto Archivo

 

Pasaron 11 años para que la municipalidad se planteara un Plan Urbano Local (PDUL) 2006-2026, que abarcó estudios de campo para el más reciente “Plan Especial de Castillito”, elaborado por la empresa Inteplan Consult -contratada por el Estado-, tomando en cuenta las ideas del Savepor.

La meta era reubicar todas las viviendas asentadas entre las cotas 10,54 y 13 m.s.n.m., para construir una vía dique y un malecón peatonal en esta zona, que permitiera el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, con la posibilidad de otorgar concesiones a empresas privadas.

En 12 años, el proyecto no ha sido aprobado por la Cámara Municipal de Caroní, y ninguno de los alcaldes de Ciudad Guayana ha pujado por la ejecución del planteamiento, ni tampoco ha presentado un posible presupuesto. Esto no sucedió ni siquiera cuando la Alcaldía de Caroní estaba en manos de Clemente Scotto, burgomaestre que impulsó los últimos planes de reordenamiento urbano en Caroní, que quedaron olvidados.

Scotto, quien dirigió el Ayuntamiento durante la formulación del POU y el PDUL, entre 1989 y 1995, y luego de 2004 a 2008, respondió que la descoordinación política entre las autoridades involucradas en el desarrollo de Guayana impidió el avance de los ideales urbanos locales. Además, un plan como el de Castillito implicaba costos exorbitantes para la municipalidad.

“El Plan Especial Castillito Fue una idea pensada para volver la ciudad hacia el río. A Guayana la persigue la sombra de la planificación urbana, pero aun así está de espaldas al río y eso hay que cambiarlo”, describió. Reconoció que “se perdieron oportunidades” para enseriar la ejecución de sus políticas, sobre todo en la búsqueda de los recursos para proyectos que todavía yacen en maquetas y planos de papel.

Las intervenciones en Castillito y el resto de sectores afectados por la represa Macagua debían contar con financiamiento de la antigua Electrificación del Caroní (Edelca), actual Corpoelec, pero la burocracia se impuso: Scotto recordó que ni el POU (1995) ni el PDUL (2006) fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda, autoridad encargada de todas las políticas urbanas de Venezuela. Sin este respaldo, difícilmente se podía conseguir financiamiento del gobierno central.

El plan urbanístico de Castillito también incluía: densificar algunas zonas, desarrollar complejos R3 o R5 (tres o cinco pisos de altura) para aprovechar el espacio y no sacar a los habitantes de su zona natal; construir una planta de tratamiento en la salida del colector de aguas negras de la comunidad, y mejorar la vialidad y el equipamiento urbano. De esto solo se construyó, en 2011, la segunda y única escuela operativa en El Cerrito, llamada José Gregorio Hernández. La antigua escuela es el hogar actual de Mayra López, y la dirección del plantel le pide desalojarla para activar un preescolar el próximo año académico.

Sin respuesta de la GMVV 

Raiza Carmona vive en Puerto Libre, otra franja vulnerable de Castillito, desde hace 18 años. No puede regularizar título de propiedad de su vivienda o del terreno por estar en zona de riesgo, y no puede acceder a ayudas económicas o créditos hipotecarios. “El año pasado vinieron a repetirnos que nos toca reubicación, y por eso no nos dieron la pintura ni las puertas que donó la Misión Barrio Tricolor, pero no nos dan alternativa y nosotros no tenemos para dónde ir”, dijo quien ahora vive junto a sus 11 nietos en una casa de concreto a orillas del Caroní.

  raizaysufamiliaRaiza Carmona y su familia tampoco fueron reubicadas de la zona de riesgo del barrio Puerto Libre

casainundadaAlgunas personas han abandonado por cuenta propia sus inmuebles por lo inhóspitos que quedaron luego de la inundación, pero o viven hacinados. Las casas terminan ocupadas por invasores

 

“No hay casas”, ha sido la única respuesta que ha escuchado Raiza por parte de la Gobernación del estado Bolívar, encargada de la política habitacional del Estado en combinación con el programa del gobierno central Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).

El director de Protección Civil Caroní, Ángel Rodríguez, especificó que en la franja de Castillito hay 300 viviendas en zona de riesgo bajo la cota 13 del río Caroní. Es decir, 300 casas deben ser demolidas y sus habitantes, reubicados. La cifra contrasta con la estadística oficial de la GMVV, que reporta haber construido 51.962 viviendas en el municipio Caroní entre 2012 y 2018, pero ninguna de ellas está dentro de Castillito.

En la década de 2000 se comenzó a urbanizar un área donde se construyó el conjunto formal privado Villa Náutica, detrás del estadio de fútbol de la ciudad, el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay. En este espacio debía continuar un proyecto de viviendas de utilidad social, para reubicar a las familias en riesgo de Castillito, pero se paralizó por trabas burocráticas del Estado. Las tierras permanecen baldías y los vecinos continúan luchando porque el nuevo gobernador, Justo Noguera Pietri, cumpla con su promesa de campaña electoral de construir las casas.

Alexander Maita, habitante y luchador social del barrio El Cerrito en función de estas viviendas, aseguró que entre 2004 y 2017 los habitantes de Castillito no fueron tomados en cuenta por el plan habitacional del Estado, cuando la Gobernación de Bolívar estuvo bajo el mando del general retirado del Ejército Francisco Rangel Gómez, uno de los funcionarios venezolanos sancionados por el Gobierno de EE UU por corrupción, vinculado a mafias armadas locales.

Castillito era un bastión electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que garantizó votos al oficialismo en las últimas 10 elecciones, pero según Maita, Rangel Gómez los discriminó porque no aceptaba las críticas sociales que hacían las bases oficialistas de la barriada, que en ese momento eran afectas al ex alcalde de Caroní, José Ramón López, también pesuvista. Ambos funcionarios tenían diferencias dentro del oficialismo. En 2015, López fue apresado, acusado de corrupción.

Rotación de autoridades 

Desde enero de 2018 se gestionó una entrevista con la directora de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Caroní, Roselys Salazar, pero la funcionaria siempre alegó estar ocupada. Al visitar su oficina en el Palacio Municipal, trabajadores revelaron que los tres departamentos, incluyendo Planificación Urbana y Catastro, estaban clausurados por contaminación de los archivos, luego de dos años sin aire acondicionado.

  vistaELCERRITO
En El Cerrito casi todas las conexiones eléctricas son artesanales
 

El 23 de febrero Salazar entregó el puesto a José Aro, con quien tampoco se pudo concretar una entrevista.

La gerente de Bienes Inmuebles de CVG, Marjorie Pérez, no aceptó declarar a la prensa. Su pretexto: “No estoy autorizada”, aunque sostuvo que “todos los planes de planificación de la ciudad están siendo revisados”, para encausar nuevamente el desarrollo urbano del municipio Caroní.

Actualmente, el gobierno promete el cambio radical de Guayana bajo el mando del mayor general de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri, gobernador de Bolívar desde el 15 de octubre de 2017, y quien además comparte la presidencia de CVG y de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) –también es un funcionario sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, por la represión militar que comandó durante las protestas de oposición de 2014, y por corrupción-.

En seis meses de mandato no se observa ningún planteamiento o asambleas con ciudadanos para retomar el proyecto de planificación urbanística de Ciudad Guayana. Las familias de Castillito, como la de Mayra López, exigen una audiencia con él para revisar la propuesta de urbanizar el terreno vecino al CTE Cachamay y acabar con el déficit habitacional. 

La publicación de este reportaje contó con el apoyo del Lincoln Institute of Land Policy y del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)

orilladelrIoLa vista del río Caroní desde la franja de Castillito

Visto 5564 veces Modificado por última vez en Martes, 03 Abril 2018 01:45

Después de paralizarse por 48 horas, los maestros lograron que el gobernador se sentara con ellos este jueves en la mañana, y disc...

Sutrapuval entregó una solicitud de aumento del bono de alimentación por falta de comedores a Bs. 500 mil diarios, pero no ha reci...

Los trabajadores aprovecharon la ocasión para solicitarle al presidente de Sidor la reactivación del centro de equinoterapia, impo...

En todas las industrias, el ajuste del salario 16,5% por encima del ingreso mínimo nacional no genera diferencias notables en el p...